Niches, tierrúos y majunches

El Presidente de la República, en acto oficial celebrado recientemente, advierte que la oligarquía pretende engañar al pueblo con un discurso a favor de la igualdad de los ciudadanos, cuando en el fondo desprecia a las personas humildes de sectores populares, calificándolos de “niches” o “tierrúos”. Hay que reconocer que el Presidente tiene razón en parte, porque muchas personas que se creen superiores a otras, se dedican a discriminar a quienes consideran inferiores por razones culturales o económicas. Pero esto no es un problema de posiciones o diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición, porque en ambos lados podemos observar esas conductas: Aquí en Guayana, hay claras manifestaciones de una especie de “discriminación urbana” que practican algunos habitantes de Puerto Ordaz hacia los de San Félix, y no son solo los “oligarcas de la oposición” los que hacen esto, también hay bastante “chavista sifrino” que califica de “tierrúos sanfelucos” a los del otro lado del río.

En la intervención del Presidente se produjo algo preocupante: después de cuestionar la forma discriminatoria cómo unas personas tratan a otras, le endosó a Capriles Radonski el apodo de “majunche”, que según las voces especializadas, en Venezuela puede tener un significado similar a “niche”, que coloquialmente se atribuye a “personas de baja calidad”. Es decir, hizo lo mismo que estaba criticando: menospreciar a un prójimo con un apodo despectivo.

Esto no es un problema de elegancia al hablar, ni es una gracia para reírse, porque así se fomentan nuevas formas de discriminación: se empieza poniendo sobrenombres y luego se termina despreciando y excluyendo las personas. Nos llenamos la boca hablando de virtudes ciudadanas que no practicamos. Y luego, por comodidad hacemos la vista gorda ante situaciones que constituyen verdaderos atentados contra la dignidad humana. La cosa ha llegado a niveles tan absurdos y preocupantes que hace unos años los alumnos de un salón de clase estaban divididos en grupos que se identificaban por la marca de la ropa que usaban. En este problema está comprometida la familia, la escuela y la sociedad en general, porque los ciudadanos no son productos importados, son el resultado de la sociedad que los forma. Lo peor que podemos hacer es creer que esto es una tontería, porque si no combatimos estas actitudes, la convivencia ciudadana será una mera ilusión.

De nada vale promulgar leyes contra la discriminación, si practicamos conductas que la fomentan o nos mostramos indiferentes ante ellas. Hay quienes sostienen que pensar en una sociedad de iguales es una ingenuidad porque siempre habrá diferencias; es cierto, siempre habrá diferencias, pero lo importante es que las diferencias no nos dividan ni sean fuente de humillación o desprecio. Es difícil, pero no es imposible, construir un país donde todas las personas sean bien tratadas y donde nadie tenga que aguantar que le digan despreciativamente niche, tierrúo o majunche.

Twitter @zaqueoo

El sentido común y el respeto a los magistrados

En días pasados, tanto el gobierno español  como el venezolano, han coincido al pedir a los actores políticos y a los ciudadanos en general  que respeten  al  Poder Judicial: el español, con motivo de las reacciones contra la sentencia que inhabilita a Garzón, y el venezolano, por el desacato a la decisión del magistrado Carrasquero que prohíbe la destrucción de los cuaderno de votación de las elecciones primarias. Tienen razón los personeros de ambos gobiernos al decir que, si no se respeta a los magistrados las sociedades democráticas no funcionan. El problema está en que,  a pesar de la valiosa  labor que realizan muchos jueces, el Poder Judicial en general no está bien visto por los ciudadanos. Hace varios años, en la revista española Cambio 16  -si la memoria no me falla- se publicó una encuesta donde los jueces aparecían como los funcionarios públicos con mayor rechazo, después de los inspectores de impuesto sobre la renta.

No voy a dedicar en este artículo  a analizar las causas que afectan el ejercicio de la función judicial en la actualidad;  me voy a referir a una vieja polémica que guarda relación con este tema. Hace varios años,  un familiar que vino a compartir las vacaciones decembrinas, me decía que, el problema de los jueces es que dictan sentencias sin tomar en cuenta el sentido común: esa  lógica compartida por todos los miembros de la sociedad. Según su opinión,  los jueces justifican sus decisiones, sin considerar la forma en que razonan y juzgan los ciudadanos de a pie: Solo escriben y argumentan para juristas. Y por eso, siempre hay que buscar a abogados para que expliquen las sentencias.

No se puede suscribir totalmente el comentario anterior, porque se debe reconocer que hay cosas jurídicamente válidas que el ciudadano común no entiende. Después que se da a conocer la decisión del Tribunal Supremo que prohíbe la destrucción de los cuadernos de votación, me preguntó una amiga “Porque razón se ordenar entregar los cuadernos  de votación de todo  el país,  si solo se está reclamando por la votación de un municipio del estado Yaracuy. Brevemente le expliqué la teoría de la defensa de los intereses colectivos  y me contestó “Hay que ser abogado para entender esas cosas”.

El respeto a los magistrados no es solo un imperativo moral, también es una obligación jurídica. Pero ese respeto no se obtiene solo por autoridad de la ley, sino que se refuerza con el cumplimiento de una buena actuación. Cuando se dictan decisiones justas, que los ciudadanos entienden perfectamente, el respeto surge espontáneamente. Pero cuando las sentencias  son incomprensibles, no se puede pretende  que se aprecie lo que  muchas veces parece ilógico y sospechoso.

Termino aclarando que, no estoy planteando la idea de que el derecho se reduzca al sentido común. Lo que me parece indispensable es que los magistrados “escriban para todos”: Para los especialistas y para los ciudadanos que no lo son. Porque como decía un desaparecido juez guayanés: “Las sentencias deben redactarse en forma sencilla y clara,  especialmente para los que se verán afectados por ellas”. Si el mensaje no llega en forma clara y convincente, es muy difícil lograr que se respete a  los magistrados. twitter @zaqueoo

Reflexiones sobre el derecho, la moral y la política, con motivo del caso Garzó

La sentencia del Tribunal Supremo español que inhabilita por 11 años al juez Baltasar Garzón merece un análisis detallado, más allá del impacto político que ha producido.  Siempre he admirado el trabajo de  Garzón, porque a pesar  de los errores que puede haber cometido, creo que le ha prestado un gran servicio a la administración de justicia y ha sido una referencia obligada para los profesionales de la judicatura. Pero eso no me puede llevar ni a la justificación  absoluta de sus actos,  ni  a la solidaridad automática con su persona. Ante la pregunta ¿Es justa la sentencia que condena a Garzón? la respuesta tiene varios matices.

Sin pretender convertir este artículo en una clase de filosofía del derecho, creo que una vez más se ponen en evidencia los problemas que surgen por las relaciones  entre, el derecho, la moral y la política. Al leer los 70 folios de la decisión,  nos podemos encontrar con argumentos que son incuestionables, pero hay otras  cosa que no tienen una explicación clara.  Considero que  la sentencia está justificada jurídicamente, pero moralmente deja una serie de dudas que afectan la credibilidad de los jueces que la dictaron.

Desde el punto de vista jurídico (del derecho) la decisión parece acertada: si el acusado ordenó de manera ilegal las grabaciones, independientemente de las buenas intenciones, debe ser sancionado, porque no se puede hacer justicia por medios ilegales. La justicia siempre debe alcanzarse por las sendas del derecho. Ese es un principio que tiene que orientar la vida de todo jurista.

Pero desde el punto de vista moral la sentencia deja algunas dudas: ¿Por qué no se toma en consideración que, tanto la fiscalía como otro juez participaron también en el hecho y solo se pone la mirada en la conducta de Garzón? Y otra cosa, ¿Se hubiera condenado con el mismo rigor a otro juez que no fuera el polémico e incómodo Garzón?

Hay otro aspecto de tipo político – institucional que también llama a la reflexión: Los efectos que el fallo produce en la sociedad. ¿Qué era preferible para la imagen de la justicia española,  absolver a Garzón para evitar este escándalo y “legitimar” a futuro  conductas que pueden constituir violaciones a los derechos fundamentales de las personas, o asumir la carga de las reacciones adversas  y preservar lo que se considera  que es la defensa del estado de derecho? Aquí estamos ante otro gran problema, ¿hasta dónde el costo político debe influir en las decisiones judiciales?

Las lógicas reacciones políticas no se han hecho esperar; por una parte se habla de, la venganza de la derecha o  la protección de los poderosos; por la otra, de  la consolidación del estado de derecho o la lucha contra el totalitarismo judicial etc.  Es muy difícil que las cosas se vean objetivamente cuando solo se usan los anteojos de las ideológicas.

Para saber si los jueces actuaron bien o mal hay que recordar la propuesta de Kant, “lo único que puede determinar la bondad o maldad de un acto es la intención con que se realiza”; “lo importante es la buena voluntad con que se hacen las cosas,  independientemente de los resultados”. ¿Cuál fue la verdadera intención: garantizar los derechos de los ciudadanos, o pasarle una factura a Garzón?

Como puede observar el lector, este artículo está lleno de preguntas que tienen más de una respuesta. Por eso decía al principio que necesariamente hay que matizar: para los  legalistas la sentencia es buena, para los moralistas no, y para los políticos, la opinión va a depender de su posición ideológica. Pero no puedo terminar así, sin expresar mi punto de vista y me remito a las características que debe tener una buena sentencia: jurídicamente impecable, moralmente correcta y políticamente beneficiosa para la colectividad. En el caso Garzón la decisión  no reúne los tres requisitos. twitter@zaqueoo

Iniciativa, responsabilidad y comunicaciones

Hace algunos días, Arturo Pérez - Reverte,  escritor, navegante y autor de varias novelas referidas a temas náuticos,  escribe un artículo titulado Capitanes valientes, o no, donde hace una comparación entre  la actitud del capitán del Titanic Edward John Smith  y el del Costa Concordia  Francesco Schettino.  Destacando lo errores cometidos por ambos,  considera que desde el punto de vista náutico, no puede  decirse que Schettino haya demostrado incompetencia, pues su experiencia y la maniobra  para encallar la nave y evitar que se hundiera en aguas profundas fue excelente.  Lo que enfatiza, y a mí me llama la atención,  son las circunstancias en que  cada capitán debió enfrentar el problema: Smith  tuvo que resolver- bien o mal- solo en medio del mar;  Schettino estuvo comunicándose en todo momento con  su armador, y sabrá Dios con quién más, porque  en este tiempo de comunicación inmediata  vía internet o telefonía celular, la soledad del hombre ante los problemas parece que ha desaparecido, e  inclusive, cambia el rol de los oficios y las responsabilidades: “ Al llamar a su armador dejó de ser un capitán,  Era un pobre hombre que pedía instrucciones… Schettino abandonó su  barco porque ya no era suyo. Porque, en realidad no lo había sido nunca”

Entre otras cosas, el artículo es una advertencia sobre el daño que le puede causar al hombre de hoy  el uso inadecuado de la tecnología.  No se puede ignorar el progreso, pero como bien dice Pérez – Reverte, las modernas comunicaciones hacen imposible la iniciativa de quienes están sobre el terreno. Esto lo puedo apreciar en la educación y en la vida: los jóvenes tiene una adicción y dependencia casi exclusiva a los teléfonos móviles, es muy difícil lograr que los apaguen un momento y atiendan a una clase, charla o conferencia; sin exagerar, pareciera que no pueden vivir sin ellos. Lo mismo pasa con los adultos, viven pegados al BlackBerry,  y esto no es lo peor, lo malo es que son incapaces de resolver un problema  individualmente sin antes llamar  a otros para pedir consejo u opinión.  Y así, en definitiva nadie se siente responsable de nada,  porque su vida no le pertenece,  su historia no es la crónica de aciertos o desaciertos producto de su voluntad individual, es una especie de “obra colectiva” donde mucha gente ha metido la mano.

Capitanes valientes, o no,  va más allá del juicio al comportamiento de los marinos ante un naufragio,  es un llamado de alerta sobre  nuestro destino. Según algunos  entendidos, Edwar  John Smith, capitán del Titanic,  no actuó de la mejor manera  y su acción costó la vida de muchas personas; pero estaba solo en medio del mar, sin BlacKBerry ni telefonía satelital; tomó la decisión que creyó acertada y al final se hundió con su barco. Al contrario,  como dice el artículo que comento: “El capitán Schettino era patéticamente consciente aquella noche de que el tiempo de los marinos que tomaban decisiones y asumían la responsabilidad se extinguió hace mucho, y de que las cosas no dependían de él sino de innumerables cautelas empresariales. Cuidado con no alarmar al pasaje, ojo con la reacción de las aseguradoras, con el departamento de relaciones públicas, con el director o el consejero ilocalizables esa noche. Mientras tanto, seguía entrando agua, y lo que en hombres de otro temple habría sido un "váyanse al diablo, voy a ocuparme de mi barco", en el caso del capitán sumiso, propio de estos tiempos hipercomunicados y protocolarizados, no fue sino indecisión y vileza”

Si hacemos una comparación con la realidad que nos rodea,  aunque duela reconocerlo, pareciera que el tiempo de los hombres valientes que toman decisiones y asumen responsabilidades se extinguió y lo que se observa es indecisión y vileza. twitter@zaqueoo