martes, 29 de enero de 2013

Tiempos de Trasímaco

El tema político de la semana pasada fue la conmemoración del 23 de enero: un día que brindó la oportunidad para la reflexión y que fue celebrado por el oficialismo y la oposición interpretándolo de manera diferente. En medio de las opiniones que recibimos por los medios de comunicación, me llamó la atención que al relacionar el tema del día con las críticas que se hacen a la actuación del Tribunal Supremo de Justica, un vocero del oficialismo dijo: “La oposición no entiende que estamos en un nuevo proceso; ahora las cosas no son como en la cuarta república; antes mandaban ellos, ahora mandamos nosotros”.

Esta forma de entender la política y el Derecho me recuerda a Trasímaco, personaje de los diálogos de Platón que se hizo célebre por la frase: “Lo justo, es en realidad, una imposición de los gobernantes en vista a su propia conveniencia”.

La polémica frase ha sido objeto de reflexión por ilustres pensadores de todos los tiempos, desde San Agustín hasta Hans Kelsen: unos la comparten, otros la rechazan, e inclusive, hay quien considera que es una forma irónica de decir que la verdadera justicia es una aspiración difícil de alcanzar. Hasta la democracia se ha visto cuestionada en medio de ese debate, afirmándose que el solo hecho de ser mayoría no da derecho a imponer a las minorías una forma de gobierno que no comparten.

Este viernes en la Universidad Católica Andrés Bello se realizará un foro para analizar posibles soluciones a la crisis constitucional; cosa complicada de acuerdo con las circunstancias, porque hay sectores de la oposición que afirman que no hay Estado de Derecho y vivimos en dictadura, mientras que el gobierno insiste en que estamos en plena democracia, solo que los poderes están comprometidos con la revolución que sigue la voluntad del pueblo. ¿Qué solución puede haber ante dos posiciones tan distanciadas? Tenemos que releer La República de Platón, porque el problema no está en la forma como se cumplen las leyes, sino en entender el verdadero sentido del Derecho.

La cosa es más grave de lo que parece. No solo estamos ante una crisis política e institucional; el mal está afectando lo que se ha llamado la “cultura jurídica del pueblo”: una forma de vivir de acuerdo a los dictados de las leyes, que caracteriza a las sociedades mejor organizadas. Aunque me tilden de pesimista debo decir que, cuando escucho esas intervenciones donde, palabras más palabras menos, se dice de la manera más impune que el Derecho debe estar comprometido con el proyecto de quien gobierna, no veo luz al final del túnel. Y nos guste o no nos guste, vivimos en tiempos de Trasímaco.


 

martes, 22 de enero de 2013

La consolidación de la democrácia


Mañana se conmemora un aniversario más del 23 de enero de 1958: una fecha de gran significado para la historia de nuestro país. Sobre los hechos de aquel día y lo que sucedió posteriormente hasta hoy hay mucho análisis político y muchas interpretaciones de diferente tenor, pero la mayoría coincide en que allí nació la democracia venezolana, que posteriormente se ha consolidado como única forma de vida política.

El historiador Lionel Muñoz Paz sostiene que el 23 de enero de 1958 Venezuela despertó en democracia y así ha permanecido todos estos años, ya que la sociedad no ha admitido otra vía para acceder al poder que no sea mediante elecciones libres y abiertas. Esto es verdad, porque todas las acciones que han pretendido tomar el gobierno por una vía distinta al voto han fracasado y, si a futuro llegaran a intentarse nuevamente, seguramente fracasarán, porque está demostrado que el pueblo las rechazará. El problema está en que la democracia no se agota con los actos electorales y la legitimación del poder, vivir en democracia es mucho más que eso.

Las sociedades democráticas se caracterizan por la pluralidad y la tolerancia. Ese tipo de sociedades no promueven la confrontación, rechazan la violencia y procuran la convivencia pacífica; el respeto entre los ciudadanos es lo que marca la pauta; nadie está por encima de las leyes y todos las respetan; las ideas se discuten sin insultos ni agresiones, y el diálogo es la forma preferida para resolver las diferencias. Así debe ser una sociedad democrática.

Si analizamos nuestra situación podemos decir que, los procesos electorales realizados en los últimos tiempos confirman lo dicho anteriormente: solo han llegado al poder los que ganaron las elecciones. Pero en otros aspectos las cosas no van muy bien. La sociedad está peligrosamente dividida: entre el chavismo y la oposición no hay diálogo. La sesión de la Asamblea Nacional del pasado 8 de enero es uno de los acontecimientos más antidemocráticos de los últimos tiempos; más que un debate político de altura, allí solo se vio a una mayoría que impuso su voluntad a sus adversarios sin consideración ni respeto.

Otra tarea pendiente es nuestra ciudadanía, que está en proceso de construcción y no ha llegado a madurar plenamente: la participación social es escasa y el desinterés por lo público se hace cada día más evidente; es difícil encontrar personas que entiendan claramente lo que es “vivir responsablemente” como miembro de una sociedad plural. Y así las cosas, si no crecemos en ciudadanía tampoco lo haremos en democracia.

El 23 de enero es una fecha propicia para reflexionar sobre nuestra democracia, pero hay que hacerlo con objetividad, resaltando los logros alcanzados y reconociendo que todavía nos falta mucho para consolidarla: no puede existir un verdadero Estado democrático y social, de Derecho y de justicia, con un pueblo tan dividido, unos ciudadanos tan apáticos y unos políticos que solo piensan en conquistar el poder.

martes, 15 de enero de 2013

La medida del Derecho

La interpretación de la Constitución en lo referente a la toma de posesión del presidente Chávez no solo se ha politizado, también se ha fanatizado: quienes están de acuerdo con la tesis de la “continuidad” propuesta por el Tribunal Supremo de Justicia inmediatamente son tildados de chavistas y, quienes opinan lo contrario, son considerados opositores desestabilizadores, que solo desean lo peor para el Presidente. Ahora bien, al margen de las opiniones que clasifican así las cosas, hay personas que no ven solo el aspecto político del asunto, sino que se preocupan por la forma desacertada como se maneja el Derecho, haciendo que poco a poco pierda su eficacia.

Siempre se debe recordar que la justicia, el bien común y la seguridad jurídica son los fines del Derecho. Entre ellos, la seguridad jurídica es de importancia radical para garantizar el buen comportamiento de los ciudadanos y las instituciones: tiene que haber normas claras, establecidas previamente que deben ser “acatadas religiosamente”. Si el sentido de las normas se cambia a cada paso no hay seguridad jurídica. En este orden de ideas, analizando la historia jurídica del proceso bolivariano nos vamos a encontrar lo siguiente: Chávez gana las elecciones en 1998 para gobernar durante un periodo presidencial; inmediatamente se cambia la Constitución y se plantea la posibilidad de que gobierne dos periodos consecutivos; gana legítimamente la reelección para su segundo y último mandato, pero cuando se encuentra en esta situación, se plantea una enmienda y se cambia la Constitución para postularse indefinidamente; gana las elecciones, y como temporalmente está imposibilitado para asumir el cargo en la oportunidad que señala la Constitución, se produce todo este problema que termina con la tesis de la “continuidad presidencial”. Señores, sin entrar a discutir el valor personal del presidente Chávez, su liderazgo y lo que puede haber aportado la revolución bolivariana al país, hay que decir claramente y sin eufemismos que así no se puede manejar un Estado de Derecho.

El principal argumento que se esgrime para justificar esta actuación es que, la soberanía reside en el pueblo que es el constituyente originario, con poder para cambiar la Constitución en el momento en que lo considere necesario. Esto es verdad, pero el pueblo, en Asamblea Constituyente, decidió regirse por la vigente Constitución, que solo puede cambiarse sustancialmente convocando otra Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que se confunden las cosas, cuando se dice que “el pueblo” es la mayoría que resulta vencedora en una elección ordinaria, y eso no es así. La mayoría nunca puede estar por encima del Derecho, porque éste es seguro y permanente, mientras que las mayorías son circunstanciales, hoy pueden ser chavistas y mañana opositoras.

Por eso, ante el problema de la toma de posesión del Presidente, se debe aclarar que además de las apasionadas posturas políticas abiertamente conocidas, están las que se pronuncian por la defensa de la “eficacia del derecho”. A la humanidad le ha costado mucho entender después de luchas y sufrimientos que, con sus virtudes y defectos, no hay nada más seguro que cumplir la ley. Esto puede explicarse en lenguaje coloquial con la siguiente frase: “la gente tiene que ajustarse a la medida del derecho y no pretender que el derecho se ajuste a la medida de la gente”.

martes, 8 de enero de 2013

La solución más razonable

Terminamos y comenzamos el año sumergidos en la polémica sobre lo que va pasar si el presidente no se presenta a tomar posesión del cargo este jueves. Unos dicen que se debe convocar inmediatamente a nuevas elecciones; otros creen que debe nombrarse una junta médica que determine la condición clínica de Chávez; consideran por otro lado que la juramentación puede realizarse posteriormente ante el TSJ, e inclusive, el presidente de la AN sugirió que se puede extender el permiso otorgado al presidente. En fin, hay una verdadera “guerra de interpretaciones” y, como siempre, un mal ambiente de agresiones e insultos que no conducen a nada bueno.

En referencia a la interpretación constitucional es bueno aclarar que, los grandes maestros del derecho han establecido que sobre una misma norma puede haber distintas opiniones de acuerdo con el método que se utilice para interpretarla: si se utiliza el método literal, es posible que se le dé un sentido distinto al que la interpreta según la equidad, o quien acude al método teleológico, la voluntad del legislador, la costumbre, etc. Aunque a los legos en esto les parezca extraño, es así, y no hay que enfurecerse, ni llamar golpistas o apátridas a quienes tienen interpretaciones diferentes sobre la aplicación de la Constitución para este delicado caso.

Pero no se trata solamente de un ejercicio de razonamiento jurídico, estamos ante un problema que va afectar seriamente la vida nacional, y en consecuencia, hay que tomar la decisión más prudente y conveniente. En este sentido, me inclino por la propuesta de Asdrúbal Aguiar que dice: “Si el presidente no se presenta el día 10 de enero, por estar impedido para hacerlo, como la Constitución tiene un vacío en este caso, lo razonable sería que, interinamente se encargue de la Presidencia de la República al presidente de la Asamblea Nacional, e inmediatamente solicite al Tribunal Supremo de Justicia que active el procedimiento para constatar la condición física del presidente y la magnitud de la falta: si es temporal habrá que esperar el tiempo prudencial para la incorporación del funcionario, y si no es así, se debe declarar la ausencia absoluta y convocar a elecciones”.

Sé que muchos no estarán de acuerdo con lo anterior, pero hay muchos sentimientos y exaltaciones políticas involucradas. Por lo tanto, las circunstancias obligan a tomar la solución que resulte más convincente para la gente. Me decía una persona en días pasados que, “quería que le hablaran con la verdad: no es posible que los funcionarios del alto gobierno no conozcan el estado de salud del presidente; la ciencia médica está tan avanzada que es impensable que los galenos que lo atienden no puedan responder con claridad y certeza a la pregunta ¿Puede Hugo Chávez gobernar a Venezuela en los próximos 6 años?”. Ese es el meollo de la cuestión, y es lo que debe resolver la asamblea si el presidente no se juramenta el 10 de enero. La pasión por el poder y el interés político nublan la mente, pero si se piensa realmente en el país, se debe actuar con prudencia y escoger la solución más razonable, en medio de esta “guerra de interpretaciones” que nos conducen peligrosamente a escenarios de confrontación no deseados.