En días pasados, tanto el gobierno español como el venezolano, han coincido al pedir a
los actores políticos y a los ciudadanos en general que respeten
al Poder Judicial: el español,
con motivo de las reacciones contra la sentencia que inhabilita a Garzón, y el
venezolano, por el desacato a la decisión del magistrado Carrasquero que
prohíbe la destrucción de los cuaderno de votación de las elecciones primarias.
Tienen razón los personeros de ambos gobiernos al decir que, si no se respeta a
los magistrados las sociedades democráticas no funcionan. El problema está en
que, a pesar de la valiosa labor que realizan muchos jueces, el Poder Judicial
en general no está bien visto por los ciudadanos. Hace varios años, en la
revista española Cambio 16 -si la
memoria no me falla- se publicó una encuesta donde los jueces aparecían como
los funcionarios públicos con mayor rechazo, después de los inspectores de
impuesto sobre la renta.
No voy a dedicar en este artículo a analizar las causas que afectan el
ejercicio de la función judicial en la actualidad; me voy a referir a una vieja polémica que
guarda relación con este tema. Hace varios años, un familiar que vino a compartir las vacaciones
decembrinas, me decía que, el problema de los jueces es que dictan sentencias
sin tomar en cuenta el sentido común: esa lógica compartida por todos los miembros de la
sociedad. Según su opinión, los jueces
justifican sus decisiones, sin considerar la forma en que razonan y juzgan los
ciudadanos de a pie: Solo escriben y argumentan para juristas. Y por eso,
siempre hay que buscar a abogados para que expliquen las sentencias.
No se puede suscribir totalmente el
comentario anterior, porque se debe reconocer que hay cosas jurídicamente válidas
que el ciudadano común no entiende. Después que se da a conocer la decisión del
Tribunal Supremo que prohíbe la destrucción de los cuadernos de votación, me
preguntó una amiga “Porque razón se ordenar entregar los cuadernos de votación de todo el país,
si solo se está reclamando por la votación de un municipio del estado
Yaracuy. Brevemente le expliqué la teoría de la defensa de los intereses
colectivos y me contestó “Hay que ser
abogado para entender esas cosas”.
El
respeto a los magistrados no es solo un imperativo moral, también es una
obligación jurídica. Pero ese respeto no se obtiene solo por autoridad de la
ley, sino que se refuerza con el cumplimiento de una buena actuación. Cuando se
dictan decisiones justas, que los ciudadanos entienden perfectamente, el
respeto surge espontáneamente. Pero cuando las sentencias son incomprensibles, no se puede pretende que se aprecie lo que muchas veces parece ilógico y sospechoso.
Termino aclarando que, no estoy planteando la
idea de que el derecho se reduzca al sentido común. Lo que me parece
indispensable es que los magistrados “escriban para todos”: Para los
especialistas y para los ciudadanos que no lo son. Porque como decía un
desaparecido juez guayanés: “Las sentencias deben redactarse en forma sencilla
y clara, especialmente para los que se
verán afectados por ellas”. Si el mensaje no llega en forma clara y convincente,
es muy difícil lograr que se respete a los magistrados. twitter @zaqueoo
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