La sentencia del Tribunal Supremo español
que inhabilita por 11 años al juez Baltasar Garzón merece un análisis detallado,
más allá del impacto político que ha producido.
Siempre he admirado el trabajo de
Garzón, porque a pesar de los
errores que puede haber cometido, creo que le ha prestado un gran servicio a la
administración de justicia y ha sido una referencia obligada para los
profesionales de la judicatura. Pero eso no me puede llevar ni a la
justificación absoluta de sus actos, ni a la
solidaridad automática con su persona. Ante la pregunta ¿Es justa la sentencia
que condena a Garzón? la respuesta tiene varios matices.
Sin pretender convertir este artículo en
una clase de filosofía del derecho, creo que una vez más se ponen en evidencia
los problemas que surgen por las relaciones
entre, el derecho, la moral y la política. Al leer los 70 folios de la
decisión, nos podemos encontrar con
argumentos que son incuestionables, pero hay otras cosa que no tienen una explicación clara. Considero que
la sentencia está justificada jurídicamente, pero moralmente deja una
serie de dudas que afectan la credibilidad de los jueces que la dictaron.
Desde el punto de vista jurídico (del
derecho) la decisión parece acertada: si el acusado ordenó de manera ilegal las
grabaciones, independientemente de las buenas intenciones, debe ser sancionado,
porque no se puede hacer justicia por medios ilegales. La justicia siempre debe
alcanzarse por las sendas del derecho. Ese es un principio que tiene que orientar
la vida de todo jurista.
Pero desde el punto de vista moral la
sentencia deja algunas dudas: ¿Por qué no se toma en consideración que, tanto
la fiscalía como otro juez participaron también en el hecho y solo se pone la
mirada en la conducta de Garzón? Y otra cosa, ¿Se hubiera condenado con el
mismo rigor a otro juez que no fuera el polémico e incómodo Garzón?
Hay otro aspecto de tipo político –
institucional que también llama a la reflexión: Los efectos que el fallo
produce en la sociedad. ¿Qué era preferible para la imagen de la justicia
española, absolver a Garzón para evitar
este escándalo y “legitimar” a futuro
conductas que pueden constituir violaciones a los derechos fundamentales
de las personas, o asumir la carga de las reacciones adversas y preservar lo que se considera que es la defensa del estado de derecho? Aquí
estamos ante otro gran problema, ¿hasta dónde el costo político debe influir en
las decisiones judiciales?
Las lógicas reacciones políticas no se han
hecho esperar; por una parte se habla de, la venganza de la derecha o la protección de los poderosos; por la otra,
de la consolidación del estado de derecho
o la lucha contra el totalitarismo judicial etc. Es muy difícil que las cosas se vean
objetivamente cuando solo se usan los anteojos de las ideológicas.
Para saber si los jueces actuaron bien o
mal hay que recordar la propuesta de Kant, “lo único que puede determinar la
bondad o maldad de un acto es la intención con que se realiza”; “lo importante
es la buena voluntad con que se hacen las cosas, independientemente de los resultados”. ¿Cuál
fue la verdadera intención: garantizar los derechos de los ciudadanos, o
pasarle una factura a Garzón?
Como puede observar el lector, este
artículo está lleno de preguntas que tienen más de una respuesta. Por eso decía
al principio que necesariamente hay que matizar: para los legalistas la sentencia es buena, para los
moralistas no, y para los políticos, la opinión va a depender de su posición
ideológica. Pero no puedo terminar así, sin expresar mi punto de vista y me
remito a las características que debe
tener una buena sentencia: jurídicamente impecable, moralmente correcta y
políticamente beneficiosa para la colectividad. En el caso Garzón la
decisión no reúne los tres requisitos.
twitter@zaqueoo
Creo que a Garzón desde que se le ocurrió aquello de exhumar cadáveres de la guerra civil para identificar víctimas, le han salido varios enemigos. Menos mal que no soy juez y no tengo que bregar con cosas así...
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