Las leyes y el Poder electoral

En nuestro país, por mandato constitucional, todo lo relativo a la reglamentación y organización de los procesos electorales es competencia del Poder Electoral que la ejerce a través de su ente rector, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y demás organismos subordinados. El Poder Electoral, en teoría, es un poder separado de los demás poderes del Estado y su principal tarea es velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en las elecciones. Pero a pesar de que la intención constitucional es clara en cuanto a lo que debe hacer el CNE, este se comporta de tal manera que, para muchas personas no es más que una oficina coordinadora de elecciones, que no actúa con la autoridad que debe caracterizar a un poder público, aceptando cosas intolerables para tan alta investidura.

En días pasados se produjo un acontecimiento que como abogado me asombró, porque pareciera que muchos no saben lo que es un “poder público”, ni siquiera los funcionarios encargados de ejercerlo. Henrique Capriles Radonski invitó a su principal contrincante, el presidente Chávez, a firmar un acuerdo ante el CNE, donde ambos se comprometen a cumplir las reglas de juego (leyes) y respetar los resultados electorales. A un ciudadano lego en materia jurídica y saturado por la confrontación política le puede parecer algo bueno, pero para cualquiera que tenga conocimientos elementales de derecho o simplemente “sentido jurídico” esto es un absurdo.

Cuando un estudiante de derecho cursa el primer año de la carrera lo primero que se le enseña son las características de las leyes, y una de las principales, inclusive, para muchos juristas la más importante es la coercibilidad; que quiere decir esto: que las leyes deben cumplirse bajo amenaza de que sean aplicadas por la fuerza si no se acatan; en dos palabras: ante la ley no hay alternativas o se cumplen voluntariamente o el aparato represivo del Estado debe sancionar y obligar a quienes no lo hagan. ¿Cómo es eso de que los candidatos van a comprometerse política o moralmente a cumplir la ley? ¿En dónde estamos? ¿No somos un estado de derecho? la máxima: “Las leyes se cumplen no se discuten” también debe ser válida para los candidatos presidenciales.

Esto no es una exquisitez teórica, ni soy tan ingenuo como algunos pueden pensar. Si como me dijo un amigo, estos “formalismos” jurídicos no son válidos en el mundo de la política, vamos a dejar la hipocresía y llamar a las cosas por su nombre: hay dos tipos de leyes: unas que son generales, abstractas, coercibles, que se la aplican a la mayoría de los ciudadanos de manera implacable y, otras, que son particulares, para casos concretos y solo se aplican según las circunstancias y las consecuencias políticas que puedan producir.

El acuerdo político se firmó. Cabe preguntarse: ¿De qué ha servido hasta ahora? La oposición dice que el Presidente no lo respeta, y sigue aprovechándose de manera ilegal del poder utilizando las cadenas para su campaña política; por otro lado, el oficialismo dice que el Presidente no hace campaña, sino que está informando de la gestión de gobierno. De poco pueden servir las manifestaciones morales de buena voluntad si no van acompañadas de un comportamiento que las ratifique con hechos. Aquí es donde debe imponerse el “poder del derecho”.

Vamos a ver si el CNE se comporta como un verdadero poder y mete en cintura a los candidatos, especialmente al Presidente, garantizando la imparcialidad, el cumplimiento de las leyes y la realización de un proceso trasparente que no genere ninguna duda. Si no lo hace, habrá que darles la razón a los escépticos que dudan de la existencia del derecho electoral en Venezuela, y ven a sus organismos como oficinas administrativas de coordinación y logística de elecciones, pero nunca como un verdadero Poder Electoral.