El tema de los desalojos de viviendas por acciones judiciales en
Venezuela, o los llamados desahucios en España, está en el tapete.
Distinguidos filósofos, juristas y teólogos se preguntan: ¿Por qué
ocurre esto? ¿Cómo equilibrar el derecho de las personas a tener una
vivienda, con el deber de cumplir con las obligaciones que han asumido
conscientemente? En España el problema tiene dimensiones diferentes,
porque quienes demandan y solicitan los desahucios son los bancos, pero
en Venezuela la cosa va más allá, porque nadie puede practicar un
desalojo sin seguir un engorroso procedimiento: ni los bancos ni los
humildes ciudadanos que viven de un alquiler que ahora no les pagan.
El teólogo español José Arregi dice que el problema no son las
hipotecas en sí, sino la desregulación del mercado, la especulación
incontrolada y la corrupción, los que han provocado la crisis, que como
siempre pagan los más débiles. Por su parte, Fernando Savater sostiene
que en la crisis que ha desatado la ejecución de hipotecas y los
desahucios masivos hay responsabilidades compartidas: por un lado, está
el banco que muchas veces otorga créditos a pesar de que el nivel de
ingresos del solicitante no es suficiente para pagarlos; por otro lado,
hay muchas personas que queriendo “disfrutar” de cosas que no está al
alcance de sus posibilidades económicas no les importa asumir riesgos
que luego tienen que pagar muy caro, sobre todo, si se les presenta la
difícil situación de quedarse sin empleo.
No quiero minimizar las perversidades que tienen el sistema
económico, pero hay que reconocer que, en muchas ocasiones, la gente
deslumbrada por el consumismo “no sabe arroparse hasta donde les alcanza
la cobija” y llega al extremo de hipotecar hasta la casa que sirve de
asiento al hogar familiar, para disfrutar de lujos y placeres que no
están al alcance de sus ingresos. Por lo tanto el problema no es
sencillo: hay mucha culpa y responsabilidad compartida.
En Venezuela el problema de los desalojos surge por razones
diferentes. El derecho constitucional a la vivienda y los problemas que
siempre acarreaban los desalojos por ejecuciones de hipoteca o
incumplimiento de contratos de arrendamiento obligó a dictar un decreto
que regula el procedimiento, suspendiendo su ejecución hasta tanto el
ejecutado encuentre un lugar donde vivir. Desde el punto de vista
humanista esto es absolutamente incuestionable, lo grave es que no se
analicen los casos concretos, porque hay mucho abusador que se está
aprovechando de esta situación.
Si una persona de escasos recursos, que no puede cumplir con sus
obligaciones, debe desocupar la vivienda que tiene hipotecada o
alquilada, el Estado debe atender su situación para permitirle que se
traslade a otro lugar, sin quedarse en medio de la calle. Pero esto no
es aplicable al caso de personas que con suficientes recursos para
pagarle a sus acreedores o arrendadores no lo hacen y utilizan el dinero
para darse una “buena vida” al amparo de unas leyes que no se dictaron
con la intención de favorecerles. Conozco casos de inquilinos que no le
pagaron más a su arrendador desde que se dictó la Ley sobre
Arrendamiento de Viviendas, y sin embargo, compran vehículos lujosos,
viajan al exterior, y celebran fiestas o agasajos en conocidos clubs de
la ciudad. Esto no es justo, ni socialista, ni nada que se le parezca.
Si se quiere hacer justicia en el caso de los desalojos, es urgente
revisar la normativa y hacer las reformas necesarias para evitar los
abusos que se están cometiendo: que la ley ampare a los débiles
jurídicos y no a los “vivos” que siempre se aprovechan. De antaño se
dice que, la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada
uno su derecho; por lo tanto, hay que establecer cuál es el derecho de
cada uno: el del ocupante de la vivienda es no quedarse en la calle,
pero el del dueño es que se respete su propiedad y se le pague lo que se
le debe. Dictar leyes es fácil, sobre todo por quien detenta el poder,
lo difícil es hacer justicia.
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