La anticultura judicial del político y la anticultura política del Juez

El 24 de octubre de 1992, Pedro Miguel Reyes, presidente del Consejo de la Judicatura, entregaba el cargo y en discurso preparado para la ocasión, entre otras cosas, advertía sobre algunas actitudes minoritarias de políticos y jueces que ponían en peligro el funcionamiento del Poder Judicial: la anticultura judicial del político y la anticultura política del juez.

Consideraba el nombrado magistrado que algunos “políticos” veían la función del juez como una actividad residual, ocupada de ordinario, según su estrecho criterio, por quienes han fracasado en otras áreas profesionales. Entendían que un tribunal puede emerger en cualquier momento como factor de poder que les permitía obtener una ganancia o ventaja; de allí, la pretensión de dominarlo, controlando a su titular. Lo más repugnante de esta forma de ser era el doble lenguaje: por una parte, clamaban por un Poder Judicial independiente y autónomo, pero en paralelo, de manera silente y en las sombras, procuraban y reclamaban una tajada de la estructura tribunalicia, para ofrecer y vender sus favores judiciales a cambio de apoyos electorales.

Por otro lado, hablaba el doctor Reyes de la actitud de algunos jueces que se relacionaban con los políticos para buscar apoyo y alcanzar la posición de juez, haciéndole ofertas de fidelidad y permanente agradecimiento. Y cuando llegaban al cargo no procuraban su independencia y autonomía, por el contrario, siempre estaban dispuestos a pagar lo que no debían al político benefactor, dictando sentencias complacientes, negadoras de la verdad y la justicia que transformaban al juez en un mercader de los conflictos, de las ilusiones y las esperanzas humanas.

Este espacio no me permite extenderme más en el análisis de aquella advertencia lanzada al país hace 20 años, y en consecuencia termino con estas inquietudes ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Hemos erradicado la anticultura judicial del político o la anticultura política del juez, o se han acentuado? Creo que el ciudadano venezolano del tercer milenio es lo suficientemente inteligente para formarse un criterio sobre las respuestas a estas preguntas. Por mi parte, quiero añadir que a las “anticulturas” antes mencionadas hay que agregarle una nueva: la anticultura jurídica de la ciudadanía; en efecto, hay personas que se muestran indiferentes ante la forma como se maneja la justicia, permitiendo que los factores de poder la manipulen a capricho. Esto solo puede ocurrir en un país sin cultura jurídica, porque con verdaderos ciudadanos que les exijan a los jueces que actúen conforme a derecho, no existiría la anticultura judicial del político ni la anticultura política del juez.