El funcionamiento de la administración de justicia no le interesa al gobierno. Lo digo de esta manera categórica, porque los hechos no indican otra cosa. Estoy consciente, de que el problema de la justicia no es sencillo, y que en sociedades con mayor tradición jurídica que la nuestra, todavía es una tarea pendiente. Pero cuando el desinterés se trasforma en privación de derechos fundamentales, no se puede andar con eufemismos, y hay que ser claro y directo. Pareciera que las máximas autoridades del Poder Judicial, no terminan de entender, que la administración de justicia es un servicio público. ¿Cómo convencer al ciudadano común, de que el Poder Judicial ha progresado, porque ha pasado de la vieja concepción positivista del Estado Burgués, al Estado de Derecho Constitucional, si quince mil presos tienen que declararse en huelga de hambre porque los tribunales no dictan sentencia oportunamente?
En Venezuela tenemos el problema de que la política lo absorbe todo, y cualquier observación o crítica a la gestión pública es vista como un acto de perversa desestabilización. Se ha perdido la capacidad de oír y reconocer errores. Hablaba del tema con un especialista en sistemas de calidad, y me decía, que en todo proceso de calidad, hay un mecanismo básico para conocer su funcionamiento: “la satisfacción del cliente”. En efecto, un servicio público es de calidad, cuando así lo considera el que lo recibe y no el que lo presta. Si el destinatario final está descontento, hay que analizar la situación y tomar acciones correctivas. Si aplicamos esto al servicio de administración de justicia, se debe tomar en cuenta la opinión de los justiciables: si consideran que el sistema funciona bien, no hay problema, pero si no es así, hay que analizar las causas y buscar las soluciones. La información que manejo, es que la gran mayoría considera el sistema no funciona. Y el problema está, más en los métodos de trabajo, que en la filosofía jurídico-política.
Cuando digo, que estoy convencido de que el problema no le interesa al gobierno, es porque trabajé varios año en el Poder Judicial y reconozco que el retardo procesal es un mal de vieja data, pero no puedo entender, por qué no se utilizan los viejos remedios que resolvieron mucho problemas en el pasado; recordemos solamente dos situaciones: Si el juez renunciaba, se enfermaba o lo destituían, al día siguiente convocaban al suplente, pero el tribunal no se paralizaba; si se acumulaban muchas decisiones en estado de sentencia, se designaban jueces especiales de 20 causas para ayudar a “poner el tribunal al día”. Había preocupación por darle respuesta oportuna al ciudadano; que no se lograba totalmente, es cierto, pero pareciera que hoy ni siquiera la preocupación existe. ¿Cómo explicar que se deje de dar despacho por meses o que se atrasen las decisiones por años? Esto es muy grave, pero lo peor, es que los demás actores del sistema de justicia se acostumbren a esta situación. Esto último, es lo que me motiva a escribir este artículo: El funcionamiento del sistema de justicia nos afecta a todos y todos somos responsables de su condiciones actuales, bien por acción u omisión; hay momentos, en que permanecer callado ante un problema, te convierte en cómplice de él; no se puede consentir que una errática gerencia judicial desconozca que, “La justicia tardía no es justicia”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario