No queda ninguna duda, de que el proceso político que lidera el presidente Chávez no se conforma con cambiar las instituciones, sino que quiere cambiar la sociedad y la forma de vivir de los venezolanos. Hay una gran preocupación por el destino del país, ya que nadie puede saber a ciencia cierta a dónde va a parar esta aventura política. En los últimos días crece el nerviosismo y la incertidumbre, por la ola de expropiaciones y el destino de los bienes de los ciudadanos ante el peligro de la desaparición del derecho a la propiedad privada. Pero hay algo más grave, que todavía no percibe claramente el ciudadano común: este torrente revolucionario no solo pone en peligro lo que tiene o puede llegar a tener, sino que también coloca en situación de riesgo, el derecho a decidir en forma autónoma e individual sobre sus relaciones privadas. En efecto, para la revolución, pareciera que no existe el principio de la autonomía de la voluntad, que es el pilar fundamental del derecho privado.
Todo ordenamiento jurídico que pretenda garantizar los derechos subjetivos de carácter privado, tienen que establecer el principio de la autonomía de la voluntad, que es la capacidad de los sujetos de autorregular sus relaciones en la forma que deseen. En un sistema de libertad individual, los particulares tienen la libre disposición de sus derechos y pueden dar a los mismos el destino que estimen conveniente, siempre dentro de los límites que les establezcan las leyes, la moral y las buenas costumbres. Lo ideal, es que el Estado actué para proteger el interés colectivo y a la vez garantice los espacios de libertad individual. El ejercicio de la autonomía de la voluntad es el ejercicio de la libertad; sin autonomía de la voluntad difícilmente puede haber libertad.
Pero en nuestro país y en los tiempos que corren, la libertad individual no es autónoma, como debería serlo de acuerdo con la constitución; pareciera que como dicen algunos postmodernos, tenemos una libertad sin voluntad. El control de la voluntad individual se torna cada vez más intenso: los requisitos legales para realizar cualquier acto de disposición de bienes o creación de empresas, son tan exagerados que a veces lo hacen imposible; en días pasados, en un programa radial se comentaban proyectos de leyes que establecen como condición para la venta de los inmuebles, ofrecérselos previamente al Estado, a los familiares o a los vecinos; una señora de Maracaibo, denunciaba por las redes sociales que para viajar con sus hijos le pedían una autorización de los Consejos Comunales; el colmo de todo esto, es que inclusive para realizar trámites ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat los solicitantes deben tener el visto bueno de los Consejos Comunales . Si las cosa siguen así, dentro de poco en Venezuela, el ciudadano común no podrá hacer nada sin pedir permiso y obtener autorización previa.
El respeto a la autonomía de la voluntad individual, es una conquista del hombre, que todos los Estados de Derecho modernos reconocen. Nosotros la tenemos establecida formalmente en el ordenamiento jurídico, pero en la práctica se está destruyendo. La mejor forma de defenderla es exigir que se respete y no aceptar los hechos que la menoscaben. Si dejamos que nos “expropien” la voluntad es porque no entendemos que los derechos son más importantes que los bienes. Jblanco@ucab.edu.ve
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